Buena parte de nuestros problemas y conflictos presentes van de la mano con el uso de un lenguaje obsoleto.
Aún hoy, empleamos expresiones como “salió el sol” o “el sol se puso”, propias de los miles de años en los que no teníamos una mejor explicación para lo que nuestros ojos veían, y la ciencia era un concepto inexistente mientras la religión reinaba.
Llegaron la ciencia y el lenguaje técnico, pero nuestra paquidérmica cultura se resiste a cambiar, así sea a una sexagésima parte de la velocidad de las primeras. Sabemos que estamos en una esfera que rota junto con otras alrededor del sol, pero insistimos en que este se “pone” y “sale”.
A pesar de todo, lo hemos logrado hasta este punto en la Historia. Si tenemos los planos para construir un edificio, estos pueden ser leídos por ingenieros y arquitectos en todo el planeta, sin distinción de lenguaje, raza o cultura. El lenguaje técnico es la antitesis de la ineficiencia y de las volteretas.
Pero regresando al lenguaje común, si decimos “le pegué al policía con el arma”, la mayoría de nosotros se imagina a sólo dos personas en el relato, cuando el cuadro puede ser bien diferente, como varios policías, uno sin armas, otro con un bolillo, otro con un arma de fuego, etc. También pude haber golpeado al policía con o sin intención. Falta mucha información.
Los abogados son particularmente astutos en lo que al uso del lenguaje se refiere. De hecho, hace algunas décadas se hablaba del “poder fáctico de lo normativo”, es decir, lo que yo escriba en un papel de inmediato transforma la realidad y la refleja. Bueno, supongo que hay límites….ninguna constitución por más popular que sea, puede dejar de reconocer la ley de la gravedad, y si lo hace, que se tiren con ella en la mano desde un décimo piso y nos cuentan.
En los pleitos legales, es usual decir que lo escrito en un documento o lo dicho en una declaración, fue malinterpretado por la contraparte e incluso, se ha llegado al extremo en el que el juez declara que ninguna de las partes dijo lo que quería decir.
La nemofilaquia no es una ETS, es simplemente el nombre elegante que se le da a una de las funciones de la casación, herramienta a la que se recurre en casos especiales frente al más alto tribunal, como la Corte Suprema de Justicia. En este caso para unificar criterios y aclarar términos. Pero los pleitos siguen viniendo igual, el salario se tiene que justificar….
Sería maravilloso poder tener traducida al habla hispana la obra de Stuart Chase, “The Tiranny of Words“, que ya va para un siglo de escrita, pero sigue tan vigente. Esto le haría un gran favor a la humanidad porque, como se dijo al comienzo: ¡El lenguaje es un desastre!
Gracias a Eduard Punset, Gary Marcus y a nuestro sistema digestivo.
Que Pretelt nombre como su magistrado auxiliar a un cercano amigo es un vicio tan generalizado, que es lo de menos. Lo que sí es censurable, es que haya designado como su magistrado auxiliar a Carlos Alberto Murcia Montoya, a sabiendas de que tenía 67 años.
Colombia es un país de juristas. En mi juventud, cuando yo también seguía la carrera de derecho, nos pasábamos las horas de clase metidos en los billares del centro de Bogotá. Los billares eran entonces, y supongo que lo siguensiendo, un imán irresistible para los estudiantes de derecho. No para los de medicina, digamos, ni para los de ingeniería o arquitectura: para los de derecho, todas las universidades confundidas: el Externado, el Rosario, la Nacional, la Javeriana. Y en torno a las mesas verdes de los billares del centro, en el aire espeso de humo de tabaco, se podía ver, entre jugadores y mirones curiosos, un verdadero banco de alevines de juristas que hoy son ministros o parlamentarios, o están presos. Sólo mucho más tarde vine a comprender la razón de ese atractivo del billar, al parecer inexplicable, para los aprendices de leyes: es que en esas largas mesas verdes se aprendía a hacer carambolas, a veces a tres bandas.
El Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión al considerar que cometieron faltas en su comportamiento profesional.
Uno de los fiscales sancionados, José Raimundo Mateus Sarmiento, fiscal seccional 29 del Plato Magdalena fue destituido del cargo e inhabilitado para ocupar cargos públicos por diez años.
Tambien fue suspendido por un mes el juez de Cumaribo, Vichada, edwin Javier Murillo Suárez, quien asumió cionductas prohibidas en el desempeño de sus funciones.
El abogado Luis Antonio Vargas Álvarez fue excluido del ejercicio de su profesión por actuar en forma temeraria al presentar varias acciones de tutela por los mismos hechos.
Hay 1.294 casos detectados de campesinos que son suplantados por juristas, vecinos o intermediarios para cobrar los subsidios que reparte Acción Social y de estos ya hay 546 casos judicializados.
Cifras extraoficiales indican que esta mafia se ha apropiado de cerca de 17 mil millones de pesos. Las zonas con mayor número de fraudes son, en su orden, Magdalena, Antioquia, Bogotá y Valle.
Una singular reunión se dará la próxima semana en Cartagena. Los 80 abogados de las familias más ricas del mundo se reunirán para discutir cómo asesorar a sus clientes en la sucesión de sus fortunas, y en las mejores estrategias para definir quién queda al mando de sus conglomerados. Por ejemplo, estarán los abogados de la reina Isabel de Inglaterra, de la familia real de Emiratos Árabes y de Carlos Slim, entre otros. Por Colombia participarán Sergio Rodríguez y Juan Manuel Prieto.
Hay abogados especialistas en demandar al Estado, que saben encaminar las cosas a través de jueces amigos, que tienen la paciencia para ir subiendo el negocio a las diversas instancias, en los más oscuros juzgados de descongestión, esperando a que se venzan términos y se cometa un error o una barbaridad, hasta que al final, al cabo de un plazo que pueden ser cinco o diez años, sacan a sus clientes victoriosos y ricos, con indemnizaciones de miles de millones de pesos. De ahí en adelante viven en la opulencia el resto de la vida, por cuenta de los impuestos que pagamos nosotros.
De todos modos, por esos tres meses de insubsistencia, el ex procurador delegado demandó a la Nación y un tribunal administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le dio la razón. Posteriormente el Consejo de Estado confirmó la sentencia. Y por esos tres meses que el señor Solano estuvo fuera de la nómina del Gobierno, ahora el erario nacional (todos nosotros) tenemos que cancelarle al señor tres mil millones de pesos en efectivo, más una jubilación vitalicia de nueve millones de pesos mensuales. Archimillonario por cuenta de todos nosotros, salvo una improbable tutela contra sentencias que tendría que examinar la Corte Constitucional.
